A los dentistas les conviene más hacer extracciones que
reparar una muela. Los odontólogos advierten que las políticas de las
prepagas pueden conducir a una verdadera "devastación dental". Si
el dentista detecta una caries en la misma pieza que reparó un año
atrás, es posible que el prestador --la empresa de medicina prepaga o la
obra social-- no le reconozca la cobertura. Si tiene que extraer la
muela donde hace un año otro profesional hizo un tratamiento de
conducto, se le descontará al primero lo que percibió por esa
prestación. "Por eso, al odontólogo le resulta más seguro hacer la
extracción, una práctica por la que recibirá un ingreso bajo pero
seguro, porque nunca se lo descontarán", dice el secretario de la
Federación de Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires (FOCIBA), Héctor
Ziegler. Las políticas de oferta y demanda que rigen la medicina
prepaga, y que no están sujetas a ningún tipo de control oficial, pueden
conducir a una verdadera devastación dental, teniendo en cuenta los
ingresos en prótesis que generalmente traen aparejadas las extracciones,
advierten los especialistas consultados por Página/12.
Para el presidente de FOCIBA, Rubén Pérez Goett, el origen del
problema está en la "tercerización" de los servicios que prestan las
prepagas y las obras sociales, mecanismo en auge durante la última
década. "Las empresas ya no contratan odontólogos sino a otras compañías
a las que le pagan una cápita por la cantidad de afiliados, y éstas son
las que se encargan de hacer una cartilla, contratando prestadores",
explica el profesional.
En esos contratos, las empresas imponen una suerte de "garantía" por
el trabajo del odontólogo, que puede variar, según los casos, entre uno y
tres años. "Para un tratamiento periodontal --un caso de piorrea, por
ejemplo--, las firmas imponen una garantía de tres años", relata Isaac
Rapaport, presidente hasta hace unos meses del Ateneo Argentino de
Odontología. "Entonces, si la enfermedad reaparece, algo que en muchos
casos puede ocurrir, el profesional deberá hacer su trabajo gratis, sin
cobrar un peso", explica el profesional.
Lo mismo ocurre con los tratamientos de conducto. "En general andan
bien, pero si no están acompañados por una prótesis de perno y corona,
es posible que a los seis meses la pieza se parta y haya que hacer la
extracción. En ese caso, le debitarán al odontólogo lo que cobró por ese
conducto", precisó Rapaport.
"Los contratos escritos y verbales que hacen las empresas obligan a
los profesionales de sus listas a que realicen odontología devastadora,
mientras que la prevención queda descartada", dice Horacio Martínez,
dentista y director de la revista Universo Odontológico. "Cómo las
cápitas que reciben son bajas --no llegan a los dos pesos por mes por
afiliado--, las clínicas desalientan la atención de beneficiarios",
relata Martínez.
El beneficio para los empresarios es doble: "Gastan menos dinero de
la cuota fija que reciben y tienen más ganancia por los dientes postizos
a colocar", sostiene Martinez. "Algunas clínicas --agrega-- premian a
sus dentistas con el 50 por ciento del valor de los implantes que deban
hacerse los pacientes desdentados por ellos."
"Los contratos que hacen con los odontólogos no están regulados por
ninguna norma, sólo por las leyes de la oferta y la demanda", se queja
Ziegler. "La consecuencia directa de este estado de cosas es la
prostitución del ejercicio profesional", agrega Rapaport. Y pone como
ejemplo: "En lugares donde al profesional le pagan por producción y
atiende en 15 minutos cuando debería demorar 40, el tratamiento no puede
hacerse con todos los cuidados. Y se perjudica al paciente".
La lógica del sistema no permite quejas de ningún tipo. "Si un
profesional protesta, le muestran la pila de solicitudes de odontólogos
en lista de espera para ser contratados, o directamente lo sacan de la
cartilla", afirma Ziegler.
Las empresas dieron su versión. Para Rolando Gutesman, auditor de
Dental Unified System, "los profesionales se han tenido que reconvertir:
dejaron de ser una isla y ahora el que no trabaja con sistemas
odontológicos u obras sociales, está condenado a no trabajar". Reconoce
que el sistema está más pensado en la rentabilidad que en la salud del
paciente, pero asegura que "es algo que nosotros desde esta empresa no
podemos modificar". "Por la avidez del mercado, las cápitas cada vez son
más bajas --se queja Gutesman--, las redes se pelean para bajar los
precios." Sobre la modalidad de las garantías, explicó que se basan en
"el concepto estadístico de no hacer dos veces la misma prestación".
Rapaport sostiene que "se le ha propuesto a las empresas hacer
consultas con especialistas del más alto nivel para saber si es
razonable la exigencia de una garantía, pero no tuvimos éxito". "Estamos
de acuerdo en que las empresas hagan auditorías para que no se paguen
prestaciones de más, pero a condición de que no se hagan con interés
comercial y de que paguen honorablemente a los profesionales", concluyó
el especialista.
Pensando para bajar costos
"El problema de la odontología no es ajeno al de la medicina en
general: el crecimiento vicioso de la intermediación implica un
despilfarro, porque el dinero que debería destinarse a servicios queda
como ganancia de esos grupos", sostiene el médico sanitarista Aldo Neri.
El modelo se aplica tanto para las obras sociales como al de la
medicina prepaga. "La diferencia está en que sobre las obras sociales
hay cierta regulación, que en la prepaga no existe, porque el Congreso
aún no ha sancionado la normativa correspondiente", sostiene el
especialista.
El modelo argentino tiende a parecerse al norteamericano, "el peor
del mundo desarrollado, donde se gasta mucho y mal, porque hay exceso de
prestaciones, producto del consumismo que también invade a la
medicina". "La diferencia es que aquí consume más el que puede pagar una
cuota más alta, mientras que el resto queda en el subconsumo", agrega
el sanitarista.
Neri, ex ministro de Salud y miembro del Consejo Programático de la
Alianza, sostiene que la ausencia del Estado, y la oferta y la demanda
como única regulación conduce a que "se baje el valor de las cápitas a
costa del trabajo del profesional y del servicio que recibe la gente".
"Es un modelo pensado en bajar costos con menor calidad en los
servicios", concluye.
Dr. Claudio A. Sorrentino
